FERROVIARIOS: PRIVILEGIOS NO

La campaña desplegada por la Asociación de Ferroviarios en Sant Joan sobre una supuesta expropiación de 6.350 m2 de su residencia de pensionistas no es mas que una nueva maniobra de su directiva para justificarse por las viejas promesas incumplidas de dotar al centro de unos servicios demandados desde hace mucho por los asociados, (centro de asistidos, centro de día o apartamentos tutelados).

Culpar al ayuntamiento ante personas que carecen de información veraz resulta fácil de colar para eludir su reponsabilidad como directivos, más atentos de arrimar el ascua a su sardina política -el PP- que por atender las necesidades de los asociados.

Los directivos ocultan a los asociados que el Ayuntamiento colaboró con Ferroviarios aplicando las normas urbanísticas de la manera más favorable posible para atender las necesidades sociales de la entidad. Una interpretación estricta del pacto urbanístico entre la asociación de ferroviaria y el Gobierno Municipal en 1989 - que no era socialista- habría impedido el otorgamiento de licencia para los apartamentos que ahora disfrutan.

Los directivos y los gestores del Centro de Sant Joan saben que no existe expediente de expropiación alguno, sino un proceso de planeamiento urbanístico cuya finalidad es: la reactivación de unos terrenossin uso, mejorar el espacio urbano e implantar nuevas nuevas dotaciones para disfrute público, utilizando una técnica legal para la justa distribución de cargas y beneficios entre todos los afectados como es la reparcelación en el ámbito de una unidad de ejecución. El resultado será beneficioso para todos, residentes y pueblo de Sant Joan.

Por eso faltan a la verdad al hablar de expropiación, saben que ésta nada tiene que ver con la reparcelación, en la primera el titular pierde la propiedad del bien a cambio de una indemnización monetaria, en cambio, en la reparcelación, el propietario obtiene parcelas edificables de acuerdo con su propiedad inicial. El nuevo plan contempla, a diferencia del anterior, una parcela de 7.669 m2 útil para el centro de asistidos.

La cesión de 1.500 m2 para la Casa de Cultura a cambio de la reclasificación de 31.000m2 de suelo rústico a urbano, no constituyó ningún favor al pueblo. Si el Ayuntamiento hubiese cumplido con la legislación vigente en aquel momento, la superficie cedida habría sido al menos, cinco veces superior, porque los frutos de la propiedad urbanística en España solo se obtienen por el cumplimiento de determinados deberes, como el de ceder una parte del suelo reclasificado para usos públicos.

Cualquiera que se haya visto inmerso en un proceso de transformación de suelo sabe de qué estamos hablando. Ferroviarios obtuvo con esta operación un trato de privilegiado, imposible para cualquier otro ciudadano. Por eso, los directivos de esa asociación añoran al partido político que entonces gobernaba el ayuntamiento de Sant Joan y se esfuerzan para procurar su regreso al poder, pero la ventaja que recibieron entonces, no les legitima para obtener ahora un trato más favorable que el resto de ciudadanos de Sant Joan.

El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista desde 1997, siempre colaboró con la Asociación de Ferroviarios, no porque tuviese obligación de hacerlo, recordemos que esta asociación es privada y sus intereses, por legítimos que sean, no son públicos sino exclusivamente de sus asociados. El asfaltado interior de la residencia da fe de ello, pero colabora´ción no es sumisión a todas las pretensiones de esa organización, sobre todo cuando defienden privilegios respecto a los demás ciudadanos de Sant Joan.

El Ayuntamiento siempre dialogó con la asociación ferroviaria, especialmente acerca de la reordenación urbanística de la zona, le hizo saber sus propuestas y le pidió sus opiniones. Las respuestas de la directiva de Ferroviarios han llegado a calificar de "monigotes en un papel" las propuestas del Ayuntamiento. No es una organización proclive a el diáologo, sus directivos pretenden condiciones de privilegio que son insostenibles en un Estado de Derecho.

Octubre 82

Elena García, Manuel Giménez, Conchi Moril, Miguel Angel Esteve, Marisol Moreno, Juan Figuérez, Isabel Sellés, José Angel Baeza, Francesc de Paula Seva

DESIDIA EDUCATIVA EN SANT JOAN

A principios de julio, un grupo de madres y padres de alumnos del CP "Cristo de la Paz" y de aspirantes a ser alumnos el próximo curso se manifestaban en la Plaza de España de Sant Joan d´Alacant, frente al Ayuntamiento, mientras en su interior se celebraba la reunión del Consejo Escolar Municipal.

El objetivo de la propuesta, desterrado de nuestro pueblo desde hacía muchos años, no era otro que la falta de vacantes en el citado colegio en primero de infantil, así como el desasosiego, a dos meses vista, que tal situación provoca en madres y padres, que dicho sea de paso y sin ánimo de incordiar, podría ser mayor si el inefable Conseller de Educación no hubiese tomado la medida, entre otras lamentables y nefastas, de aumentar el número de alumnos por aula en su alocada carrera por convertir los colegios públicos en aparcamientos multiculturales camino de la mayor de las degradaciones de la educación pública promovida, diseñada y ejecutada deliberadamente por el Gobierno de la Generalitat.

De siempre, los ciudadanos han planteado sus exigencias ante las instituciones políticas que más cerca tienen y ésas no son otras que los ayuntamientos, sean o no sus competencias. En este caso frente al Ayuntamiento de Sant Joan en el momento en que tenía lugar el último Consejo Escolar Municipal del curso.

Mal síntoma es que en las postrimetrías de la primera década del siglo XXI nos encontremos con falta de plazas escolares y los centros públicos y concertado saturados, en un pueblo como el nuestro que, en los últimos años, ha crecido exponencialmente y en los que el Ayuntamiento gobernado por la izquierda, unas veces con mayoría absoluta socialista y otras en coalición, ha hecho un gran esfuerzo en materia de educación, tanto en las competencias que le son propias como en las definidas impropias, pero que las ha asumido en la gestión diaria y en los respectivos compromisos presupuestarios, entendiendo que contribuir a mejorar la calidad educativa era posibilitar mayores metas de futuro para todos.

Cuando el CP "Lo Romero" precisó de nuevas aulas para atender nuevos cursos y nuevos alumnos, allí estuvo el Ayuntamiento para construir las aulas necesarias y acondicionarlas. Cuando hubo que recuperar los patios del CP "Cristo de la Paz", allí estuvo el Ayuntamiento eliminando barracones inmundos e insalubres. Cuando hubo que dar respuesta a la demanda en educación infantil -Sant Joan fue el primer pueblo de la comarca en ofrecer completa la etapa de Educación Infantil - allí estuvo el Ayuntamiento construyendo aulas y comedor. Si los colegios públicos se abrieron a las siete y media para atender a los alumnos cuyos padres tenían problemas con los horarios reglados escolares, allí estuvo el Ayuntamiento para crear el programa y financiarlo en los presupuestos municipales de cada año, además de otros muchos programas y actuaciones que sería demasiado prolijo referir, pero también es necesario decir que si en este momento faltan plazas escolares y las aulas están por encima de lo que permite una mínima calidad en la enseñanza es porque el Gobierno de la Generalitat, el de la Fórmula 1, la Volvo y copa del América, etc, no ha querido evitarlo. Ha ignorado sus compromisos políticos con el pueblo de Sant Joan, porque suelo dotacional para construir el colegio que hoy necesitamos lo tiene a su disposición desde hace tiempo y ha preferido gastar el dinero en fanfarrias antes que construir colegios.

Somos conscientes que del deterioro del sistema educativo en la Comunidad Valenciana son responsables últimos el Conseller de Educación y el President de la Generalitat, como también lo somos de que el Ayuntamiento de nuestro pueblo ha hecho un esfuerzo por encima de sus posibilidades económicas, pero acorde con sus compromisos sociales desde el año 1997 al presente. Sin embargo, no podemos olvidar que la situación escolar a nivel local, de la que la manifestación reseñada es una señal, y la más que evidente cercanía del Ayuntamiento ante las demandas que podrían producirse abre un nuevo escenario que obliga no sólo a realizar una buena gestión en la materia que nos ocupa, sino a la inexcusable asunción de un liderazgo social y político por parte del Ayuntamiento, especialmente del Alcalde y la mayoría que lo sustenta, en defensa del derecho a la educación en las condiciones adecuadas. Abdicar de esa responsabilidad conllevaría un altísimo riesgo.

Octubre 82 es un grupo de opinión integrado por Elena García, Manuel Giménez, Marisol Moreno, Miguel Angel Esteve, Conchi Moril, Juan Figueres, José Angel Baeza, Isabel Sellés y Francesc de Paula Seva.