jueves, 28 de mayo de 2009

ANTE EL 7 DE JUNIO

Hace veintidós años los españoles acudíamos por primera vez a las urnas para participar en unas elecciones al Parlamento de la Unión Europea. Aquella demostración de europeísmo que la participación del 68,52% del colegio electoral español sugería, se vio reducida al 45,14% en las elecciones de 2004, y parece que aún se verá más reducida cuando finalice el proceso electoral actual.
Nunca ha sido grande el interés que las elecciones europeas ha despertado entre nosotros, como si la Unión nos quedara lejos o fuera una simple anécdota; pero la evidencia nos demuestra que más del 70% de las leyes emanadas de las Cortes Generales de España han de tener en cuenta lo que se dice en las directivas europeas sobre la materia. La cuestión no es baladí.
Si la Comisión y el Consejo son el campo de juego de los Estados que conforman la Unión, el Parlamento, con un peso cada vez mayor y determinante, lo es de los ciudadanos y ciudadanas de todos los países miembros, de toda la ciudadanía europea. Ejemplos recientes atestiguan el valor del Parlamento en la construcción de la Europa social. El rechazo al proyecto de revisión de la directiva sobre tiempo de trabajo que proponía una jornada laboral de 65 horas es una buena prueba de ello. Alejandro Cercas, diputado socialista español llevó la batuta en la defensa del espacio social europeo hasta conseguir que la mayoría de europarlamentarios desestimaran la propuesta de esa aberrante y retrógrada jornada laboral. Fue un triunfo de las tesis progresistas frente al neoconservadurismo creciente y rampante en Europa.
Mientras EEUU o China ponen en marcha planes especiales con unidad de dirección y una orientación evidente, la Unión Europea queda mediatizada por los estados miembros incapaces de dar respuestas eficientes a los problemas globales. Si, hoy por hoy, una respuesta de calado europeo a la crisis, totalmente necesaria, resulta imposible, la cuestión que debemos plantearnos es si la construcción de Europa podrá orientarse en el futuro hacia una Unión Europea centrada en la ciudadanía y capaz de articular un espacio social europeo que sea referencia y exigencia mundial.
La respuesta posible, con todas las reservas que se quieran considerar, está en el Parlamento Europeo que desde 1997 ha dejado de ser una asamblea consultiva para convertirse en un órgano legislativo y de control: presupuestos, nombramiento del Presidente de la Comisión, elección de los comisarios y moción de censura. También tiene el Parlamento Europeo competencias en la libre circulación de trabajadores, medio ambiente, mercado interior, salud, seguridad, educación, política exterior, libertades públicas, etc. A todas ellas habrá que añadir las derivadas del Tratado de Lisboa que le confiere más poderes y favorece un equilibrio institucional que permite co-legislar con el Consejo de Ministros, si los irlandeses, esperemos que no, deciden no aguarnos la fiesta.
Es cierto que con partidos y propuestas paneuropeas rigurosas y consistentes el interés ciudadano aumentaría. No es menos cierto que con campañas electorales menos centradas en cuestiones locales la participación podría ser más atractiva. Pero nada más cierto que las cosas son como son y no como nos gustaría que fuesen, aunque no siempre ha de ser así. Por ello, para que la Europa de los ciudadanos, la Europa social sea un futuro posible hay que darle el máximo respaldo democrático al Parlamento Europeo. No es hora de escepticismos, apatías, indiferencias ni de votos exquisitos. Es hora de reafirmar con nuestro voto el valor del Parlamento y el del papel de la opción política con la que estamos comprometidos o simplemente queremos que nos represente. Por un Parlamento Europeo fuerte nosotros iremos a votar y por una Europa social votaremos socialista.

Octubre 82

Octubre 82 es un grupo de opinión integrado por Francesc de Paula Seva, Elena García, Manuel Giménez, Marisol Moreno, Miguel Angel Esteve, Conchi Moril, Juan Figueres, Isabel Sellés y José Angel Baeza.

jueves, 26 de febrero de 2009

AGUA ES PACTO

“Castilla-La Mancha tiene derecho a enriquecerse con el agua y a quedarse con el agua” dijo la secretaria general del PP y presidenta de los populares castellano manchegos en la edición de Albacete (6/02/09) de un diario que también sale al encuentro con sus lectores en las provincias de Murcia y Alicante, bajo el título “Según Cospedal, Presidenta Regional del PP”. Si la afirmación altanera de la secretaria general del PP no tiene desperdicio, no es menos cierto que no podemos desperdiciar el tiempo recurriendo a los calificativos que tal manifestación merece y que por vergüenza ajena no creemos necesario utilizar.
En la misma línea de preocupación hemos de situar las manifestaciones, sin altanería en este caso, de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha:”Ni en nuestros mejores sueños habríamos imaginado que realmente estamos a tan poco de conseguir esa efectiva caducidad del trasvase Tajo-Segura”, refiriéndose a las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados al texto del Estatuto de Castilla-La Mancha.
Alguien podrá pensar que tales proclamas son juegos malabares para encandilar a los propios o redobles de tambor para mantenerlos enardecidos en prevención de que se solivianten prematuramente, que todo llegará a su debido tiempo. Creemos, sinceramente, que no es así. Que son dos claras y contundentes muestras de las muchas cargas de profundidad que está sufriendo, y habrá de sufrir, un derecho que tenemos los alicantinos a recibir lo que la ley nos concede: agua del trasvase Tajo-Segura. No podemos ni debemos caer en estos momentos en la sinrazón de enzarzarnos en disputas estériles sobre la bondad o no del programa AGUA, sobre la conveniencia o no de las políticas trasvasistas, sobre la oportunidad política, sectaria y demagógica, de poner en la picota a la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España a cuenta de su futuro voto, además de otras ocurrencias fútiles. Entendemos que los árboles, por rentable que sea a corto plazo su madera, no nos deben impedir ver el bosque. Y ese bosque virtual, como gusta decirse hoy, no es otro que el objetivo, claro y diáfano, de mantener en todos sus términos el trasvase Tajo-Segura. Apárquense pues, si otra actitud más seria y coherente no es posible, los inútiles dimes y diretes entre los representantes de los partidos políticos con implantación en el País Valencià, Comunidad Valenciana o Reino de Valencia, que no es una “qüestió de noms”. Encerrémoslos con siete llaves y déjense de confundir y hastiar a los benevolentes ciudadanos. Muéstrense dispuestos a defender y exigir, como una piña, lo que legalmente nos corresponde para que el agua de uso potable y la de uso agrícola no nos falte. El evidente compromiso con un consumo racional y el esfuerzo realizado con la depuración, reutilización y desalación ha de ser junto a la legalidad derivada de la Ley del Trasvase Tajo-Segura la base de esta rotunda exigencia: No a la caducidad del trasvase en 2015 y no a la reserva estratégica de 600 hectómetros cúbicos.
Ante las enmiendas presentadas por el PSOE al Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Riegos de Levante afirmó que “el PSOE se acaba de pegar otro tiro en la sien en esta comunidad”, sin embargo no llevan el mismo sentido las palabras del presidente de la misma comunidad de regantes después de la reunión mantenida con el secretario general de los socialistas valencianos:”Frente a lo que se nos echa encima, encontrarnos una postura tan sólida es reconfortante”, en referencia al posicionamiento “firme e inamovible” de los socialistas valencianos que Jorge Alarte, como secretario general del PSPV-PSOE, le trasmitió en la reunión mantenida con los dirigentes de la Comunidad de Riegos de Levante y del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura. Esa posición, clara y concisa, expuesta sin ambages por el secretario general de los socialistas valencianos se corresponde, a nuestro modo de ver, con la “vía política valenciana” que plantea y arriesga el nuevo líder de los socialistas valencianos. “Vía valenciana” de nuevo alumbrada como consecuencia de la crítica reflexión sobre el pasado reciente y del compromiso con el presente, sin el que no es posible otear futuro alguno. El agua es vida y la esencia de la vida es el pacto.

Octubre 82


Octubre 82 es un grupo de opinión integrado por Francesc de Paula Seva, Elena García, Manuel Giménez, Marisol Moreno, Miguel Angel Esteve, Conchi Moril, Juan Figueres, Isabel Sellés y José Angel Baeza.

sábado, 29 de noviembre de 2008

SANIDAD VALENCIANA, LA PEOR DE ESPAÑA

Para conocer objetivamente la situación Sanitaria de nuestra Comunidad Valenciana es preciso manejar datos reales de las diferentes Comunidades Autónomas a fin de establecer comparaciones entre éstos o con la media ponderada de todos ellos. En Marzo de este año se publicó la séptima Encuesta Nacional de Salud, que ofrece a nivel global el resultado del trabajo de campo correspondiente al año 2006. También obtenemos datos consultando el censo de población del INE, (el último es del 1/1/2008), los informes del Ministerio de Hacienda de 2007 y, sobre todo, las diversas estadísticas actualizadas que facilita el Ministerio de Sanidad. Podemos añadir mas referencias sanitarias a través del último informe anual del Observatorio del Sistema Nacional de Salud y del Barómetro Sanitario de 2007.
De todas estas fuentes comprobamos el gran déficit en la Sanidad Valenciana, que no contenta ni a usuarios ni a profesionales. Estamos por debajo de todas las Autonomías en número de camas, médicos, enfermeras y otros profesionales por 1000 habitantes, gasto sanitario per cápita, tiempo de atención al paciente, lista de espera, elevado gasto farmacéutico, salarios de profesionales, etc.
Para homogeneizar los datos más importantes de todas las Comunidades Autónomas, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública elabora desde el año 2004 un informe anual en el que califica una serie de parámetros sanitarios con los que otorga una valoración a cada Comunidad , (la máxima posible es 68 y la mínima 17), de forma que se puedan ordenar por puntuación, correspondiendo la más alta a las Comunidad que presta mejor Servicio Sanitario y la más baja a la más deficiente. En el año 2008 la máxima puntuación la ha obtenido Asturias, con 46 puntos, y la más baja la Comunidad Valenciana con 26. Lo más grave es que en cuatro de los cinco años en los que se han elaborado estos informes la Sanidad Valenciana ha sido la peor valorada, o sea la más deficitaria de todas, y tan sólo en el año 2006 logramos la triste penúltima plaza.
El principal motivo de esta situación es la escasa dotación presupuestaria que el Gobierno Valenciano otorga al capítulo sanitario cuando confecciona sus propios presupuestos. Así, por ejemplo, mientras que Extremadura dotó su partida sanitaria para 2008 con 1.652,50 € por persona, siendo la media de todas las Comunidades de 1.312,67 €, el Gobierno de Camps presupuestó tan sólo 1.116,58 €, la más baja de España. Lo curioso es que Comunidades muy ricas, como Madrid o Valencia sean las que menos revierten en su propia Sanidad, e incluso se dediquen a privatizar los servicios sanitarios como si eso fuera la solución, y las más pobres, caso de Extremadura y otras, sean las que más dinero por habitante destinen a su presupuesto Sanitario.
El Gobierno de cada Comunidad decide de qué forma distribuye su presupuesto y en la nuestra el Gobierno del PP lo utiliza para financiar grandes eventos, orquestar batallas contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero o su propio “autobombo” antes que invertir en la salud de los ciudadanos. Nosotros preferimos más salud para todos, que Camps incorpore más dinero a nuestra Sanidad, pero en vez de eso seguiremos viendo cómo no hay apenas dotación para ella y sí hay muchísimo dinero de los valencianos usándose en incrementos de campañas contra el Gobierno de España, tales como boicot a Educación para la Ciudadanía, guerra del agua o la del victimismo con la Sanidad y los fondos transferidos de los presupuestos generales, mientras que permanecieron callados cuando gobernaba su partido a nivel nacional, y eso que percibían bastante menos aportaciones de los presupuestos generales de entonces. El Presidente Camps ve más rentable para sus fines electorales no emplear el dinero de la Generalitat en igualar las políticas de bienestar de los valencianos con las de otras Comunidades y prefiere gastarlo en propaganda que oculte su inoperancia e ineficacia culpando al gobierno Central, mientras la Sanidad Valenciana sigue siendo la peor de España.

Octubre 82
Francesc de Paula Seva, Manuel Giménez, Elena García, Marisol Moreno, Miguel Angel Esteve, Juan Figuerez, Conchi Moril, Isabel Sellés y José Angel Baeza.

martes, 1 de julio de 2008

FUEGOS DE ARTIFICIO EN LA EDUCACIÓN VALENCIANA

Compartimos la opinión de que la educación debe ser una prioridad en la gestión de cualquier Gobierno, porque a través de ella se cohesiona a la sociedad, se apoya e integra al que tiene dificultades y se eleva el nivel de cualificación de los ciudadanos de un país. Es cierto que se ha hecho un esfuerzo educativo importante en España durante los últimos 30 años, pero también es cierto que en la España de las Autonomías, en la que las competencias educativas están transferidas, las diferencias son evidentes y, en algunos casos, sustanciales.

Se han iniciado las vacaciones escolares y nos asalta una pregunta: ¿Ha aprobado el Gobierno Valenciano el curso escolar?

Repasemos las diferentes asignaturas:
Estabilidad Educativa: Suspenso. La sociedad valenciana ha asistido con estupor a los descarados retrasos en la aplicación de toda la legislación autonómica que se deriva de la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación. Uno de los problemas más graves del sistema educativo valenciano, además de la alta tasa de fracaso escolar, es que el 35% de los jóvenes abandonan los estudios después de la enseñanza obligatoria. Que el conseller Font de Mora llegara a declarar que la solución sería el transvase del Ebro es un insulto a la inteligencia. Ante los problemas... ¡agua vaaaaaa!

Resultados educativos: Suspenso. Nuestra tasa de fracaso escolar es una de las más altas de España. Falta profesorado y las sustituciones, cuando se producen, se hacen con retraso. Se vende a la opinión pública como solución el llamado " Pla Èxit". Este plan, copiado del que se realiza en Castilla-León, no tiene nada que ver con él. En la Comunidad Valenciana se demanda profesorado voluntario, se ofrecen clases para muy pocas asignaturas y se establecen las clases en el mes de julio. Todo improvisación. Pero, eso sí, se culpa a los docentes de las penurias del sistema educativo y se vende a la opinión pública que el profesorado no quiere colaborar. Es un hecho evidente que el 25% del alumnado con fracaso escolar no recibe clases de apoyo cuando debería, que es durante el curso académico. Pero esto significa más recursos humanos y económicos. Ante la improvisación... ¡humo vaaaaa!

Inversión y eficacia en el gasto educativo: Suspenso. El gasto por alumno en la Comunidad Valenciana es el tercero más bajo de España. El Gobierno Valenciano obvia el deterioro de los centros, los despilfarros de CIEGSA y el retraso en las nuevas construcciones. Hay que racionalizar el gasto y ser más eficaz en la gestión de los recursos. Hay que invertir más y mejor. Destinar recursos humanos y financieros para que la asignatura Educación para la Ciudadanía se imparta en Inglés es un auténtico despropósito. Se malgastarán 3 millones de euros en profesorado itinerante para que el alumnado ni aprenda bien inglés ni aprenda bien Educación para la Ciudadanía. Cantidad a la que habrá que añadir otros 900.000 euros para la enseñanza privada concertada. Somos la única comunidad autónoma que se ha embarcado en tamaño disparate.... ¡Traca vaaaaa!

Agentes educativos: Suspenso. Dicen los especialistas que el profesor de hoy debe actuar de mediador entre el centro escolar y las familias para que tanto el desarrollo educativo como social del alumnado sea el adecuado y, como consecuencia, las cifras de fracaso escolar no sigan aumentando. La política del Gobierno Valenciano, en lugar de favorecer compromisos educativos entre la escuela y las familias, aumenta la desconfianza y propicia la fractura entre ambas. Se transmite la idea de que el profesorado no quiere trabajar, tiene muchas vacaciones y sólo le preocupa el sueldo. Eso es jugar con fuego y quemar una relación fundamental entre los agentes educativos….. ¡Fuego vaaaaaa!

La política educativa corresponde al Gobierno Valenciano y la Conselleria de Educación no debe ser un organismo de propaganda y agitación sino que debe dinamizar el eje escuela, familia y sociedad, porque nos jugamos mucho. Ningún bien recibe la Comunidad Valenciana de la guerra abierta por el Gobierno de la Generalitat contra el Gobierno Central. Cuando la educación se convierte en campo de batalla, la primera víctima es la educación misma.

El profesorado y las familias, principales agentes educativos, tienen que soportar la deficiente gestión de los recursos humanos y económicos en la segunda Comunidad Autónoma más endeudada de España, que no ha hecho los deberes cuando el ciclo económico era favorable.
La respuesta a la pregunta que nos hacíamos de si el Gobierno Valenciano había aprobado el curso escolar, es, evidentemente, NO.

Y ahora nos preguntamos: ¿Cuánto durará el espectáculo pirotécnico de fuegos de artificio en la educación valenciana?

Octubre 82
Francesc de Paula Seva, Manuel Giménez, Elena García, Marisol Moreno, Miguel Angel Esteve, Juan Figuerez, Conchi Moril, Isabel Sellés y José Angel Baeza.

jueves, 19 de junio de 2008

EL VOTO DE SANT JOAN

Hace un año que se celebraron las elecciones locales y se constituyeron los nuevos Ayuntamientos. Escaso tiempo, quizás, para que los partidos que conforman el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant hagan balance de gestión, pero suficiente para que los ciudadanos y ciudadanas tengan las primeras percepciones y opiniones, más o menos firmes y fundadas, sobre los distintos grupos políticos y sobre todos y cada uno de los munícipes, sean gobierno u oposición, puesto que todos son Ayuntamiento y todos responsables, en grados diferentes, por acción u omisión.Octubre 82 quiere recordar, de manera sencilla, cual ha sido el comportamiento, no de los políticos locales durante estos veintiocho años de democracia municipal, fructíferos y beneficiosos para el pueblo de Sant Joan, sino el de los sanjuaneros y sanjuaneras ante las distintas citas electorales locales a las que han sido convocados y concurrido en buena medida.De las ocho elecciones convocadas cuatro las ha ganado la derecha y el centroderecha, en tres ocasiones partidos de esta segunda consideración, pero siempre con el mismo cabeza de lista: Francisco Burillo. En otras cuatro ocasiones ha sido la izquierda, representada por los socialistas, quien ha conseguido la confianza del electorado. El cartel electoral del partido socialista fue distinto, pues si en la victoria electoral de 1983 era Vicente Baeza quien encabezaba la opción socialista, en las de 1999 y 2003 el primer puesto de la candidatura estaba ocupado por Paco Seva y en las recientes de 2007 el cabeza de lista fue el actual alcalde Edmundo Seva. No ocurre lo mismo si a mayorías absolutas nos referimos. En esta cuestión la decisión ciudadana ha otorgado tres mayorías absolutas al PSOE, por dos al centroderecha, UCD y CDS, y ninguna al PP.La mayoría absoluta más rotunda fue la conseguida por UCD en 1979 con el 51% de los votos. Le sigue la lograda por CDS en 1987 con el 50,5% y el tercer lugar corresponde a la conseguida por los socialistas en 1999 con el 50,4% de los sufragios emitidos. Conviene resaltar que con el mismo resultado se puede obtener o no mayoría absoluta. Nos estamos refiriendo al respaldo que los electores dieron al partido socialista en 2003 y 2007. En las dos ocasiones fue del 45,4% de los votos, pero si en el primer caso significó mayoría relativa para el PSOE en el segundo, con idéntico porcentaje, le otorgó la mayoría absoluta. La estabilidad del voto socialista contrasta, en esta ocasión, con la pérdida de votos del PP. Una parte de ellos fue a la abstención y otra a distintas opciones minoritarias siendo la más beneficiada la opción política nacionalista, Bloc. La pérdida de votos del partido que representa la derecha local convierte, de momento, en flor de mayo el mejor resultado obtenido por el PP en unas elecciones locales, el 41% que obtuvo en 2003, siendo su candidato Manuel Aracil.Hay tarea, mucha y dura, hasta la próxima cita del año 2011. Esperamos que, antes de que comience la campaña electoral en la primavera del citado año, las distintas opciones políticas con representación municipal ofrezcan a la sociedad sanjuanera, por los medios que consideren oportunos, balance de su gestión como muestra clara y evidente de compromiso y respeto con la democracia y la ciudadanía, pues es ésta quien coloca a unos en el gobierno y a otros en la oposición y en función de su comportamiento y gestión ratifica o retira confianzas.

Octubre 82 Es un grupo de opinión integrado por Francesc de Paula Seva, Manuel Giménez, Elena García, Marisol Moreno, Miguel Angel Esteve, Juan Figueres, Conchi Moril, Isabel Sellés y José Angel Baeza.

jueves, 1 de mayo de 2008

A LA TAREA

Atrás quedaron la campaña electoral, el ejercicio democrático de acudir a las urnas, los resultados electorales y pronto será pasado también el tiempo de los análisis inmediatos, mientras que la evidencia, clara e incontestable, de la victoria del partido socialista y de su candidato José Luis Rodríguez Zapatero dará paso a la constitución de las Cortes Generales, la elección del futuro Presidente del Gobierno y la conformación del nuevo Gobierno de España.

Los ciudadanos y ciudadanas progresistas y de izquierdas han dado, por segunda vez consecutiva, al partido socialista una mayoría suficiente, obligada a la negociación y al pacto para gobernar de acuerdo con su programa y las limitaciones o modificaciones que los necesarios socios, estables o coyunturales, exijan en clara y lógica praxis política.

En el artículo anterior “Crítica y Compromiso”, publicado durante la campaña electoral, solicitábamos el voto a la ciudadanía progresista y de izquierdas desde la perspectiva de una valoración global de la acción del gobierno socialista. Consideramos que la ciudadanía se ha pronunciado en esa dirección y el resultado de las urnas así lo ratifica, aunque los aspirantes a cabeza de ratón no vean el bosque porque su algarrobo particular se lo impida. Eran elecciones generales y como tal hay que valorarlas, aceptarlas y entenderlas.

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno ha dicho, después del triunfo electoral, que será presidente de todos pero especialmente de los que no tienen de todo. Esa debe ser una de las tareas prioritarias del nuevo gobierno socialista, desarrollar y fortalecer los pilares del estado del bienestar, importantes pero mejorables si los comparamos con las democracias europeas más avanzadas. La educación, la sanidad, las pensiones y la atención a las personas dependientes deben avanzar cuantitativa y cualitativamente para que la justicia distributiva, los derechos individuales, las redes contra la exclusión social y la generación de nuevos nichos de trabajo armonicen la sociedad democráticamente y en igualdad de oportunidades, asumiendo la enorme incidencia que la inmigración, directa e indirectamente, tiene en la consolidación de ese modelo de estado basado en los principios de la socialdemocracia europea. Por ello decimos, sin tapujos, que si hace falta un gran pacto por la inmigración, pónganse a la tarea y procuren las mayores complicidades institucionales, políticas y sociales. La calidad democrática y la convivencia serán claramente beneficiadas.

También dijo Zapatero que enmendará los errores cometidos. Entendemos que en esa línea la ratificación de Pedro Solbes como Vicepresidente y responsable del área económica habría de ir acompañada de una mayor capacidad de proponer nombres para las distintas parcelas económicas y hacendísticas, así como mayor fluidez y presencia previa del Vicepresidente económico en asuntos, de la índole que fueren, con repercusión en su ámbito. Somos conscientes de que todo no es economía, pero la economía es la base de las diferentes políticas, siempre y especialmente en estos tiempos en que el patio de los asuntos económicos anda muy revuelto.

Y a partir del próximo mes de abril a la tarea, que para eso hemos votado.

Octubre 82

Octubre 82 es un grupo de opinión integrado por Francesc de Paula Seva, Manuel Giménez, Elena García, Marisol Moreno, Miguel Angel Esteve, Juan Figuerez, Conchi Moril, Isabel Sellés y José Angel Baeza.

sábado, 12 de abril de 2008

LA "TAIFA DE VALENCIA"

Se equivoca el gobierno valenciano! Nuestra Comunidad no es una taifa. La Constitución confiere unas competencias al Estado y otras a las comunidades autónomas, éstas a través de los estatutos de autonomía, por transferencia o por delegación del Estado. De unas y otras sabe el gobierno valenciano, conoce perfectamente el alcance y los límites de las mismas, como también la obligación de respetar el principio de lealtad institucional.La Constitución y las leyes establecen los principios que rigen las relaciones entre las distintas administraciones y órganos del Estado, entre otros el de cooperación; sin embargo, el gobierno valenciano, con sus declaraciones y actos, incumple reiteradamente la obligación de prestar unos servicios públicos a los que los ciudadanos tienen derecho.Incumple la ley cuando retrasa y boicotea las ayudas a las personas dependientes. Después de más de quince meses de vigencia de la Ley de Dependencia sigue negando la prestación a miles de personas que la necesitan, y al mismo tiempo, el empleo que tantas otras podrían encontrar a través de la prestación de tal servicio. El propio Defensor del Pueblo se ha visto obligado a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Presupuestos Valenciana por considerar ésta el "silencio administrativo" como resolución negativa. Es decir, no se van a molestar ni en contestar denegando las peticiones de ayuda que los ciudadanos presenten al amparo de una ley del Estado que les reconoce tal derecho. ¡Ilegal e hiriente!Incumple la ley cuando retrasa la tramitación de las ayudas al alquiler, reconocidas por una ley del Estado, trazando un laberinto de trámites y exigencia de hasta 17 documentos que, por ser innecesarios, no tienen otro fin que dificultar el ejercicio de un derecho de los ciudadanos.Mención aparte merecen las chulescas declaraciones del conseller Font de Mora acerca de la Educación para la Ciudadanía, anunciando que tal asignatura se impartirá en inglés. Las dos lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana, insustituibles como instrumento vehicular en la enseñanza, no pueden ser obviadas sin violentar la Constitución. Este mismo asunto adquiere especial gravedad cuando el gobierno autónomo se arroga la competencia nada menos que sobre la regulación de la objeción de conciencia, materia reservada constitucionalmente a ley del Estado. Pero si además, tal anuncio se basa en una sentencia, no firme, pronunciada por un tribunal carente de competencia territorial en esta Comunidad y de jurisdicción más que dudosa sobre la materia, sólo cabe pensar que tales declaraciones están presididas por la mala fe, por un nulo sentido del Estado y por el desconocimiento culpable del artículo 2 de la Constitución que se fundamenta "en la indisoluble unidad de la Nación Española". No vale, por tanto, acusar falsamente a otros de romper España mientras se socavan, desde la Generalitat, los cimientos del Estado.La amenaza de no prestar determinadas atenciones sanitarias si el Gobierno central no efectúa más transferencias de capital, también supone incumplir la ley. Primero, porque el Estado realiza las transferencias legalmente establecidas. Segundo, aunque el Gobierno del Estado hubiese incumplido una obligación, la respuesta del gobierno autonómico nunca podrá ser "declararse en huelga" de sus competencias. Tal derecho no ampara a ningún poder público. Al contrario, el gobierno valenciano, como Administración Pública, tiene la obligación de ajustar su actuación al principio de eficacia para alcanzar los objetivos que establecen las leyes. Tercero, existen mecanismos legales de sobra para dilucidar los conflictos entre instituciones del Estado, y si éstos son de naturaleza política, el primer instrumento de solución es el diálogo, no el abandono o inasistencia a las reuniones de los consejos sectoriales a que nos tiene acostumbrados el PP.Incumple la ley con el sistemático boicot a las obras públicas de competencia del Estado, mediante la falta de diligencia en los trámites que le corresponden e incluso con las paralizaciones caprichosas de obras; con la injustificada demora en la tramitación del expediente medioambiental del nudo ferroviario de La Encina; con la no aprobación del Plan de Reforma Interior del Sector Renfe, paralizado por el Ayuntamiento de Alicante desde el año 2005, que tan directamente afecta a las obras del AVE, perjudicando con ello los intereses generales. Recordemos que un conocido conseller alicantino manifestaba hace unos días que seguirían obstaculizando las obras de la desalinizadora de Torrevieja, que garantiza el agua potable a buena parte de la provincia.Pero si tal práctica era mezquina en tiempos preelectorales, después de que la ciudadanía haya dicho la última palabra resulta, además, torpe; porque el Gobierno dispone de los mecanismos que le otorga el Estado de Derecho para impedirla, como la Ley del Sector Ferroviario, o el propio artículo 155 de la CE, el cual contempla medidas coercitivas del Estado para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan. Y la prudente paciencia del Gobierno ha de tener, lógicamente, un límite.¡Ya es tiempo de dialogar!, quienes son oposición porque así lo han dicho las urnas, tienen la legitimidad de ser interlocutores, pero al mismo tiempo la responsabilidad de ejercer las competencias institucionales en aquellos ámbitos que les corresponden, y entre sus obligaciones está, en primerísimo lugar, acatar y cumplir las leyes del Estado, sin omisiones y bajo el principio de buena fe, porque la Generalitat Valenciana no es la "taifa de Valencia".
Octubre 82 es un grupo de opinión integrado porFrancesc de Paula Seva, Manuel Giménez, Elena Domingo, Marisol Moreno, Miguel Ángel Esteve, Juan Figueres, Conchi Moril, Isabel Sellésy José Ángel Baeza.