Se equivoca el gobierno valenciano! Nuestra Comunidad no es una taifa. La Constitución confiere unas competencias al Estado y otras a las comunidades autónomas, éstas a través de los estatutos de autonomía, por transferencia o por delegación del Estado. De unas y otras sabe el gobierno valenciano, conoce perfectamente el alcance y los límites de las mismas, como también la obligación de respetar el principio de lealtad institucional.La Constitución y las leyes establecen los principios que rigen las relaciones entre las distintas administraciones y órganos del Estado, entre otros el de cooperación; sin embargo, el gobierno valenciano, con sus declaraciones y actos, incumple reiteradamente la obligación de prestar unos servicios públicos a los que los ciudadanos tienen derecho.Incumple la ley cuando retrasa y boicotea las ayudas a las personas dependientes. Después de más de quince meses de vigencia de la Ley de Dependencia sigue negando la prestación a miles de personas que la necesitan, y al mismo tiempo, el empleo que tantas otras podrían encontrar a través de la prestación de tal servicio. El propio Defensor del Pueblo se ha visto obligado a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Presupuestos Valenciana por considerar ésta el "silencio administrativo" como resolución negativa. Es decir, no se van a molestar ni en contestar denegando las peticiones de ayuda que los ciudadanos presenten al amparo de una ley del Estado que les reconoce tal derecho. ¡Ilegal e hiriente!Incumple la ley cuando retrasa la tramitación de las ayudas al alquiler, reconocidas por una ley del Estado, trazando un laberinto de trámites y exigencia de hasta 17 documentos que, por ser innecesarios, no tienen otro fin que dificultar el ejercicio de un derecho de los ciudadanos.Mención aparte merecen las chulescas declaraciones del conseller Font de Mora acerca de la Educación para la Ciudadanía, anunciando que tal asignatura se impartirá en inglés. Las dos lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana, insustituibles como instrumento vehicular en la enseñanza, no pueden ser obviadas sin violentar la Constitución. Este mismo asunto adquiere especial gravedad cuando el gobierno autónomo se arroga la competencia nada menos que sobre la regulación de la objeción de conciencia, materia reservada constitucionalmente a ley del Estado. Pero si además, tal anuncio se basa en una sentencia, no firme, pronunciada por un tribunal carente de competencia territorial en esta Comunidad y de jurisdicción más que dudosa sobre la materia, sólo cabe pensar que tales declaraciones están presididas por la mala fe, por un nulo sentido del Estado y por el desconocimiento culpable del artículo 2 de la Constitución que se fundamenta "en la indisoluble unidad de la Nación Española". No vale, por tanto, acusar falsamente a otros de romper España mientras se socavan, desde la Generalitat, los cimientos del Estado.La amenaza de no prestar determinadas atenciones sanitarias si el Gobierno central no efectúa más transferencias de capital, también supone incumplir la ley. Primero, porque el Estado realiza las transferencias legalmente establecidas. Segundo, aunque el Gobierno del Estado hubiese incumplido una obligación, la respuesta del gobierno autonómico nunca podrá ser "declararse en huelga" de sus competencias. Tal derecho no ampara a ningún poder público. Al contrario, el gobierno valenciano, como Administración Pública, tiene la obligación de ajustar su actuación al principio de eficacia para alcanzar los objetivos que establecen las leyes. Tercero, existen mecanismos legales de sobra para dilucidar los conflictos entre instituciones del Estado, y si éstos son de naturaleza política, el primer instrumento de solución es el diálogo, no el abandono o inasistencia a las reuniones de los consejos sectoriales a que nos tiene acostumbrados el PP.Incumple la ley con el sistemático boicot a las obras públicas de competencia del Estado, mediante la falta de diligencia en los trámites que le corresponden e incluso con las paralizaciones caprichosas de obras; con la injustificada demora en la tramitación del expediente medioambiental del nudo ferroviario de La Encina; con la no aprobación del Plan de Reforma Interior del Sector Renfe, paralizado por el Ayuntamiento de Alicante desde el año 2005, que tan directamente afecta a las obras del AVE, perjudicando con ello los intereses generales. Recordemos que un conocido conseller alicantino manifestaba hace unos días que seguirían obstaculizando las obras de la desalinizadora de Torrevieja, que garantiza el agua potable a buena parte de la provincia.Pero si tal práctica era mezquina en tiempos preelectorales, después de que la ciudadanía haya dicho la última palabra resulta, además, torpe; porque el Gobierno dispone de los mecanismos que le otorga el Estado de Derecho para impedirla, como la Ley del Sector Ferroviario, o el propio artículo 155 de la CE, el cual contempla medidas coercitivas del Estado para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan. Y la prudente paciencia del Gobierno ha de tener, lógicamente, un límite.¡Ya es tiempo de dialogar!, quienes son oposición porque así lo han dicho las urnas, tienen la legitimidad de ser interlocutores, pero al mismo tiempo la responsabilidad de ejercer las competencias institucionales en aquellos ámbitos que les corresponden, y entre sus obligaciones está, en primerísimo lugar, acatar y cumplir las leyes del Estado, sin omisiones y bajo el principio de buena fe, porque la Generalitat Valenciana no es la "taifa de Valencia".
Octubre 82 es un grupo de opinión integrado porFrancesc de Paula Seva, Manuel Giménez, Elena Domingo, Marisol Moreno, Miguel Ángel Esteve, Juan Figueres, Conchi Moril, Isabel Sellésy José Ángel Baeza.
